Saltear al contenido principal
ley 11/2018

De árboles y bosques: más allá de cumplir con la Ley 11/2018

Cabe preguntarse si realmente la Ley 11/2018 y tantas otras normas y estándares ayudan a que las empresas progresen o si solo inducen a cumplir para evitar otros males.

Por Teresa Arozarena, consultora de RSC y sostenibilidad en 21gramos

En este punto del año, se acerca el momento en que toca mirar para atrás y repasar qué hemos hecho y cómo. Contar a nuestros grupos de interés cómo hemos gestionado los impactos del negocio en este año tan particular y qué hemos logrado.

La Ley española de información no financiera –Ley 11/2018– requiere que el Estado de Información no financiera que muchas empresas están obligadas a publicar tome como referencia un marco internacional para la elaboración de informes no financieros. Por otra parte, fuera de esta obligación legal, las empresas que reportan con precisión su desempeño en materia de sostenibilidad así lo suelen hacer, en la medida en que su uso simplifica el proceso de reporte y dota a su resultado de una mayor credibilidad, al hacerlo verificable y comparable.

Pero son tiempos de cambio, qué duda cabe. Momentos de reconstrucción y también de enmienda, donde se han multiplicado los esfuerzos para rediseñar un mundo más seguro, resiliente y sostenible, tomando como guía los objetivos de la Agenda 2030.

Así, en plena sintonía con la meta 6 del objetivo 12 (Producción y consumo sostenibles), que alienta a las empresas a incorporar información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes, hemos visto en los últimos meses cómo se ha desarrollado la revisión de la Directiva 14/95/UE sobre información no financiera; también la propuesta de modificación de los Estándares 102 de Global Reporting Initiative (GRI), los llamados «contenidos generales», sometidos a consulta pública, al igual que los nuevos estándares sectoriales de GRI para oil & gas. Por su parte, SASB (el norteamericano Sustainability Accounting Standards Board) ha anunciado que va a iniciar una revisión de sus indicadores de sostenibilidad mientras, no contentos con ello, los miembros del International Business Council del WEF han publicado su propia propuesta de indicadores de reporte ambiental, social y de buen gobierno (ESG).

En apenas dos años, se han puesto sobre la mesa de los consejos de administración muchísimos asuntos que, hasta hace poco, parecían quedar fuera del núcleo central de preocupaciones

A escala nacional, el gobierno español ha presentado en estos meses, entre otras iniciativas, un Proyecto de Ley de Fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas de sociedades cotizadas, la Estrategia de Economía Circular, la Hoja de Ruta del Hidrógeno, la nueva regulación de los planes de igualdad o el plan para luchar contra la brecha salarial, entre otras iniciativas que ahondan en la meta 16.b) del ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas), dirigida a «promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible».

Tenemos por tanto #MuchoPorHacer y mucho por contar. Volviendo a la Ley 11/2018, al obligar a las empresas informantes a utilizar un marco internacional, les recuerda que no pueden limitarse a la información cualitativa ni utilizar cualquier indicador: tiene que ser uno reconocido, sólido y de uso extendido, adecuado a su negocio y sus temas relevantes y susceptible de ser verificado, ya que el informe deberá someterse a verificación externa. Con ello, en apenas dos años se han puesto sobre la mesa de los consejos de administración muchísimos asuntos que, hasta hace poco, si bien se conocían y se controlaban, parecían quedar fuera del núcleo central de preocupaciones.

Hoy, con un régimen de responsabilidades completo y estricto, preocupa el aval del verificador no financiero tanto como el del auditor de cuentas y, de algún modo, en ocasiones parece que este es el fin último de la elaboración de estos informes. Entonces, ¿es más importante cumplir los requisitos formales de la Ley 11/2018 –que no incorpora mecanismos de sanción–? ¿O que las empresas gestionen correctamente sus impactos, lo que luego se pondrá de manifiesto en el informe?

¿Es más importante cumplir los requisitos formales de la Ley 11/2018 o que las empresas gestionen correctamente sus impactos, lo que luego se pondrá de manifiesto en el informe?

Como explica en su preámbulo, la Ley 11/2018 «tiene como objetivo identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en general». Por su parte, su antecesora directa, la Directiva 2014/95, señala que «la divulgación de información no financiera resulta esencial para la gestión de la transición hacia una economía mundial sostenible que combine la rentabilidad a largo plazo con la justicia social y la protección del medio ambiente».

O sea, que el objetivo central es que las empresas gestionen correctamente sus impactos en pro del desarrollo sostenible. Este es el bosque, que a veces se esconde detrás de un zarzal enmarañado tejido de normas legales, códigos, estándares y un largo etcétera de reglamentos tan complejo en ocasiones que se necesitan equipos bien dotados para hacerle frente.

En general, las legislaciones intentan reflejar demandas sociales y resolver problemas de los ciudadanos, estableciendo reglas del juego comunes para todos, con objetivos generales de mejora del bienestar social, la protección ambiental, la creación de empleo y riqueza, etc., sancionando las conductas que pueden ir contra esos objetivos y promoviendo aquellas que los apoyan. Por su parte, las empresas no tienen como fin cumplir normativas: tienen sus objetos sociales o sus propósitos corporativos, buscan realizar una actividad, con sus implicaciones, donde la normativa es un marco de actuación que les viene impuesto y dentro del cual deben moverse para que su actividad siga siendo posible. Es decir, cruzar las zarzas y sacar de ellas moras dulces y jugosas.

Para las empresas, lo trascendente es progresar en todos sus ámbitos de actuación y, para la sociedad, que esas empresas contribuyan al logro de los grandes objetivos sociales

El cumplimiento es fundamental en un Estado de Derecho, pero no es un fin en sí mismo. Es una herramienta muy valiosa, como lo es el informe no financiero de cada año, un punto de partida que nos muestra el camino a seguir. Para las empresas, lo trascendente es progresar en todos sus ámbitos de actuación y, para la sociedad, lo importante es que esas empresas contribuyan al logro de los grandes objetivos sociales generales.

Pero no todas las empresas cuentan con los mismos recursos para llegar al otro lado de las zarzas. Muchas no se atreven ni a intentarlo. Cabe entonces preguntarse si realmente tantos marcos, normas y estándares ayudan a que las empresas progresen, si incrementan la confianza de sus grupos de interés o si empiezan a ser tantas y tan complejas que ya se busca solo cumplir para evitar otros males. Sobre todo, analizar si realmente son eficaces en un mundo cada vez más inmediato para impulsar la transformación social y económica que necesitamos. Que los árboles (o los zarzales) no impidan ver el bosque.

Volver arriba

Porque actuamos, contamos.

Todas las perspectivas de la sostenibilidad en nuestro blog.